Más allá del rescate: una deuda pendiente con quienes salvan vidas

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Prof. Dr. Diemen Delgado-García

diemendelgadogarcia@gmail.com

Cuando un terremoto destruye una ciudad, la atención del mundo se dirige inevitablemente hacia quienes permanecen atrapados bajo los escombros. Las imágenes de edificios colapsados, comunidades devastadas y familias esperando noticias movilizan la solidaridad internacional y concentran los esfuerzos de los equipos de emergencia. Sin embargo, existe otra realidad que rara vez ocupa titulares: la salud de quienes ingresan primero a esos escenarios para salvar vidas.

Bomberos, equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR), personal sanitario, policías, fuerzas armadas y voluntarios trabajan durante horas o incluso días en condiciones extremas, enfrentando estructuras inestables, largas jornadas de esfuerzo físico y una carga emocional extraordinaria. Su labor representa una de las expresiones más nobles del servicio público, pero también una de las ocupaciones con mayor exposición a riesgos que, con frecuencia, permanecen invisibles.

El terremoto que afectó la costa de Ecuador en abril de 2016 marcó un punto de inflexión para América Latina. Miles de rescatistas nacionales e internacionales participaron en una de las mayores operaciones humanitarias de la región, demostrando un extraordinario compromiso con la protección de la vida. Diez años más tarde, los recientes terremotos ocurridos en Venezuela volvieron a movilizar a cientos de equipos de respuesta, recordándonos que las amenazas naturales continúan poniendo a prueba la capacidad de nuestros sistemas de emergencia y la resiliencia de quienes integran la primera línea de respuesta.

Cada desastre deja lecciones. Sin embargo, una de las más importantes continúa siendo insuficientemente considerada: la protección de la salud ocupacional del personal de búsqueda y rescate.

Cuando una estructura colapsa, no solo libera bloques de hormigón y acero. También genera una compleja nube de partículas respirables compuesta por sílice cristalina, cemento pulverizado, fibras minerales, metales, hollín y otros contaminantes capaces de penetrar profundamente en el sistema respiratorio. A ello se suman gases derivados de incendios, materiales peligrosos presentes en edificaciones antiguas y condiciones ambientales que dificultan aún más las operaciones.

Durante muchos años se asumió que esta exposición representaba únicamente una molestia pasajera. Hoy sabemos que la realidad es muy diferente.

El seguimiento de miles de rescatistas que participaron en las labores posteriores al colapso del World Trade Center en 2001 demostró que una exposición intensa, incluso durante un período relativamente corto, puede desencadenar enfermedades respiratorias persistentes, deterioro acelerado de la función pulmonar y alteraciones inflamatorias que permanecen durante décadas. Investigaciones desarrolladas posteriormente tras los terremotos de Japón, Nepal, Turquía y otros grandes desastres han llegado a conclusiones similares: el polvo generado por estructuras colapsadas constituye un riesgo ocupacional real, acumulativo y potencialmente irreversible.

Paradójicamente, las primeras horas posteriores a un terremoto, cuando existe la mayor probabilidad de encontrar personas con vid, coinciden también con el período de máxima exposición respiratoria para los equipos de rescate. La urgencia operacional obliga a actuar con rapidez, pero precisamente por ello la protección no puede depender de decisiones improvisadas tomadas en terreno. Debe formar parte de la planificación, del entrenamiento y de la preparación institucional mucho antes de que ocurra una emergencia.

Proteger a un rescatista comienza antes del desastre.

Significa disponer de respiradores certificados y correctamente ajustados, establecer programas permanentes de capacitación, desarrollar protocolos para el control de la exposición al polvo, implementar procedimientos de descontaminación y contar con sistemas que registren la exposición individual durante cada despliegue. Del mismo modo, la vigilancia médica no debería iniciarse cuando aparecen los síntomas, sino antes de la misión, mediante evaluaciones clínicas, estudios de función pulmonar y seguimiento posterior que permitan detectar precozmente cualquier alteración relacionada con la actividad desarrollada.

La protección tampoco puede limitarse al aparato respiratorio.

Quienes participan en operaciones de búsqueda y rescate enfrentan escenas de enorme impacto emocional: víctimas fatales, familias desesperadas, destrucción masiva y jornadas prolongadas bajo una presión constante. La ansiedad, el agotamiento, la depresión y el trastorno por estrés postraumático forman parte de una realidad ampliamente documentada que exige ser abordada con el mismo rigor que los riesgos físicos. La evidencia demuestra que la salud física y la salud mental son dimensiones inseparables del bienestar del personal de respuesta y deben formar parte de una estrategia integral de protección.

El desafío actual consiste en avanzar desde una cultura centrada exclusivamente en el rescate hacia otra basada en un principio igualmente esencial: proteger al protector. Este cambio de paradigma implica reconocer que la salud ocupacional no constituye un aspecto accesorio de la respuesta ante desastres, sino un componente estratégico de la capacidad operativa de cualquier país.

Ello requiere incorporar evaluaciones rápidas de riesgos ambientales desde las primeras horas de la emergencia, establecer zonas de trabajo según el nivel de exposición, garantizar el uso obligatorio de protección respiratoria adecuada, realizar monitoreo ambiental cuando sea posible y mantener programas estructurados de vigilancia médica y apoyo psicológico para todos los equipos desplegados. Igualmente importante es documentar sistemáticamente las condiciones de exposición de cada rescatista, facilitando el seguimiento clínico a largo plazo y el aprendizaje institucional para futuras emergencias.

Mirando hacia el futuro, el desafío adquiere aún mayor relevancia. El crecimiento urbano acelerado, el envejecimiento de la infraestructura, la expansión de asentamientos en zonas de riesgo y el incremento de eventos extremos hacen prever que las operaciones de búsqueda y rescate serán cada vez más frecuentes y complejas. Preparar equipos altamente capacitados ya no consiste únicamente en perfeccionar técnicas de rescate, sino también en garantizar que cada despliegue se realice bajo estándares modernos de protección ocupacional, vigilancia sanitaria y cuidado integral del personal.

Ecuador en 2016 dejó importantes enseñanzas. Venezuela, una década después, demuestra que esas lecciones aún deben consolidarse en protocolos internacionales capaces de proteger de manera efectiva a quienes acuden primero cuando ocurre una catástrofe. Cada nuevo desastre representa una oportunidad para fortalecer nuestros sistemas de respuesta y evitar que quienes salvan vidas desarrollen enfermedades prevenibles como consecuencia de su labor.

La calidad de un sistema moderno de respuesta ante desastres no debería medirse únicamente por el número de personas rescatadas, sino también por su capacidad para preservar la salud de quienes hacen posible ese rescate. Ese es el verdadero indicador de una respuesta resiliente, sostenible y centrada en las personas.

Porque proteger a quienes arriesgan su vida para salvar la de otros no constituye solamente una responsabilidad institucional. Es un imperativo ético, un compromiso con la salud pública y una expresión concreta de la humanidad que aspiramos a preservar incluso en los momentos más difíciles. En definitiva, proteger al rescatista es proteger el futuro de la respuesta humanitaria.